Por unanimidad (9 votos), la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado (Boletín 15975-25), que se encuentra en su segundo trámite constitucional con urgencia calificada de “discusión inmediata”. 

Esta iniciativa legal tiene tres ejes: el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia y análisis económico; la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas; y el mejoramiento de las facultades intrusivas y sancionatorias. Su principal objetivo es perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, a través de nuevos métodos, tales como el análisis de datos, la trazabilidad de operaciones y la ampliación de rubros obligados a informar. 

El Subsistema de Inteligencia Económica se conforma por la unidad de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras nuevas que se crearán en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, que recolectarán información, la evaluarán y harán un análisis integral sobre actividades relacionadas con delitos de su competencia, para alertar al Ministerio Público y al Sistema de Inteligencia del Estado. 

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó que “la creación de este subsistema asegura la eficaz interoperabilidad de la información que manejan estos tres servicios de nuestra cartera, con miras a identificar tempranamente las actividades del crimen organizado, del cual conocemos su ingenio para generar nuevas formas de ocultar delitos y evadir fiscalizaciones”.       

El proyecto fue presentado en esta comisión legislativa el 16 de abril por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Durante la segunda quincena de dicho mes y mayo recibió en audiencias a representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Casinos de Juego, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), el centro de estudios Libertad y Desarrollo y el Ministerio Público. A la sesión de ayer asistieron el abogado representante de plataformas de apuestas en línea, Carlos Baeza, y la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos A.G., Cecilia Valdés.

En su exposición, la subsecretaria respondió a los comentarios planteados en las audiencias. Por ejemplo, aclaró que este proyecto no busca fortalecer las facultades del Ministerio Público en torno a la investigación —para lo cual se han impulsado otras iniciativas, aprobadas y en trámite—, sino consolidar un Subsistema de Inteligencia con enfoque en los delitos económicos. “La creación del Subsistema apunta a fortalecer el trabajo interinstitucional entre las entidades que lo integran, todas las cuales cumplen labores importantes en materia de prevención y detección de ilícitos económicos y financieros”, remarcó.

La iniciativa aborda la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas: actualiza la normativa aplicable a los servicios públicos que integran el Subsistema y los demás órganos que ejercen labores de supervisión en materia económica –incluyendo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Superintendencia de Casinos y Juegos y la Tesorería General de la República– para la prevención y alerta temprana. 

También despejó aprensiones sobre el carácter restringido de los informes de inteligencia financiera de la UAF, enfatizando que esto queda debidamente salvaguardado en la normativa propuesta ya que “el nuevo literal l) del artículo 2° de la Ley N°19.913 establece expresamente que la UAF queda exceptuada de compartir los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) con los demás integrantes del subsistema, norma que es reforzada en el artículo 1° referido al subsistema. También se explicita que la UAF no deberá aportar a las instituciones que forman parte del subsistema, información relacionada con los requerimientos de fiscales del Ministerio Público ni con los informes enviados a dicha institución”.

En cuanto a las observaciones sobre los cambios aprobados en la Comisión de Hacienda del Senado en materia de acceso al secreto bancario para la UAF, que apuntan a mantener la autorización judicial como requisito para levantarlo, Berner explicó que dicha normativa ya no forma parte del proyecto dado que fue rechazada en la Sala del Senado, y que su incorporación debe ser evaluada para la discusión en particular. Y enfatizó que, en todo caso, la propuesta discutida en el Senado autorizaba el levantamiento administrativo del secreto bancario para la UAF solo en tres hipótesis, y consideraba una serie de controles internos y externos que constituían una mejora incluso respecto de la situación actual.

Dicha propuesta planteaba que la UAF pudiera solicitar a la Corte de Apelaciones de forma más ágil información bancaria relevante en casos que involucraran a varias personas e instituciones (solicitudes masivas), cuando fuera necesario para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas vinculadas a una asociación criminal. La autorización judicial seguiría siendo la regla general, pero contemplaba el procedimiento administrativo para que la UAF accediera a información bancaria sin autorización judicial previa, solo cuando fuera indispensable para analizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), y acotado a tres supuestos: si el ROS involucra a personas jurídicas (sin derecho a la vida privada); a funcionarios públicos (por su deber de mayor transparencia); o si proviene de un banco (pues el banco autor del ROS original ya levantó el secreto bancario).

“Por lo tanto, este procedimiento simplificado de naturaleza administrativa estaba sujeto a controles internos y externos para evitar abusos, que incluían un control aleatorio ex post por la Corte de Apelaciones, y sanciones al mal uso, que se extendían hasta la destitución”, dijo la subsecretaria.

También abordó las dudas sobre la pertinencia de las modificaciones a los tipos penales del juego de azar en el Código Penal y al aumento de las multas y sanciones administrativas: “La modificación al Código Penal moderniza los tipos penales para entregar herramientas al Ministerio Público para perseguir el juego ilegal, en el entendido que la normativa vigente no es suficientemente clara en la tipificación de las dinámicas delictuales que hoy se configuran en relación con apuestas y juegos de azar”. Acotó que se define apuesta y juego de azar y a partir de eso las distintas conductas constitutivas de delito asociadas, lo que resulta pertinente para combatir al crimen organizado y el lavado de activos; actualizar la normativa frente a nuevas formas de juego ilegal; otorgar certeza jurídica para su persecución penal; fortalecer la fiscalización y disuasión; y proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas y sin regulación. “La modificación aprobada en el primer trámite constitucional es congruente con la regulación que se propone para el juego en el PDL que regula las apuestas en línea”, detalló.