La ministra (s) de Hacienda, Heidi Berner, presentó hoy a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos (Boletín Nº 17.590-05), ingresado a tramitación legislativa el 10 junio de este año con urgencia simple. Será la Secretaría de Gobierno Digital (SGD), dependiente del Ministerio de Hacienda, la encargada de elaborar los estándares y directrices técnicas para gestionar y compartir datos e información en el nuevo sistema.

“Si bien el Estado de Chile ha concretado importantes avances en incorporación de tecnologías y herramientas de protección, manejo e interoperabilidad de datos en pro de mejorar la gestión para la entrega de servicios públicos a la ciudadanía, a la fecha solo tenemos normativas con alcances específicos. Por ejemplo, para la administración central, la Ley de Transformación Digital del Estado regula la interoperabilidad de datos e información para realizar procedimientos administrativos; la Ley Marco de Ciberseguridad regula la seguridad de la información que manejan ciertos organismos de la administración del Estado; la regulación sobre datos personales no considera al resto de los datos, como los administrativos; y la rectoría técnica de la SGD hoy no cuenta con el alcance para abordar a los poderes Legislativo y Judicial, ni a los órganos constitucionalmente autónomos”, explicó la ministra (s) al introducir esta nueva propuesta normativa.

Seguidamente enfatizó que en esta desafiante era digital “urge contar con una regulación técnica transversal, que permita a todos los órganos del Estado gestionar y compartir los datos necesarios para prestar servicios más eficientes, cercanos y proactivos a la ciudadanía, y facilitar el cumplimiento unificado de los estándares de privacidad y seguridad que exigirá el nuevo ecosistema regulatorio e institucional para la transformación digital, que surge con la aprobación de la nueva legislación sobre protección de datos personales y ciberseguridad”.

Luego detalló los impactos de que no existan reglas o estándares técnicos comunes para intercambiar datos en el Estado: “A nivel legal, diversas leyes regulan el intercambio de datos sectoriales, pero no existe un marco sistémico integral; en el ámbito administrativo, se han dictado diversos reglamentos para intercambiar datos con una mirada centrada en los servicios en particular o los sectores en general; y a nivel interinstitucional: los órganos públicos deben recurrir a convenios para intercambiar datos, con todo el peso burocrático que ello implica. Producto de esto se generan “islas normativas” con diversidad de estándares de gobernanza de datos, ciberseguridad y protección de datos personales, que hacen imposible una interoperabilidad sistémica”.

Por todo lo anterior esta iniciativa busca facilitar que los órganos del Estado y las entidades privadas, cuando corresponda, gestionen y compartan sus datos e información: “Es un proyecto que se trata solo de ganancia de eficiencia en el sector público y otros organismos estatales, ya que además de los procedimientos para gestionar y compartir datos, no irroga gasto fiscal, como lo dice su informe financiero”. Para eso crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, marco de gobernanza para compartir e integrar datos abarcando a los órganos de la Administración del Estado y al Poder Judicial y al Congreso, al cual los órganos autónomos constitucionales podrán sumarse voluntariamente, así como entidades privadas, universidades y empresas públicas. Y respecto de información que la ley ya les habilita a compartir, los integrantes del Sistema deberán:

• Adoptar estándares y directrices técnicas que establezca la SGD.

• Compartir datos e información con los órganos públicos que lo requieran para el ejercicio de sus funciones.
• Interoperar, salvo que se trate de datos contenidos en documentos en soporte papel que no puedan digitalizarse.
• Asegurar la calidad y fiabilidad de los datos.
• Gestionar sus datos de manera coordinada.
• Publicar sus servicios de interoperabilidad en un catálogo público (no aplica a integrantes privados).
• Publicar sus dominios de información relevante.

Además, se fortalece la autoridad técnica de la SGD, que establecerá los estándares y directrices técnicas del Sistema en calidad, interoperabilidad, integración, arquitectura, almacenamiento, preservación, procesamiento, reutilización y análisis de datos e información. Estos estándares considerarán reglas de gradualidad para su aplicación y se elaborarán colaborativamente con el Congreso, el Poder Judicial y órganos autónomos, así como los estándares de uso frecuente y los emitidos por órganos internacionales y las reglas que emitan la futura Agencia de Protección de Datos Personales, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y el Consejo para la Transparencia.

La subsecretaria Berner relevó que el cuerpo normativo propuesto contempla eliminar la necesidad de celebrar convenios para intercambiar datos e información. En su reemplazo, los órganos proveedores de datos solo deberán publicar los términos y condiciones de uso de sus servicios de interoperabilidad, los que serán obligatorios para todas las instituciones que consuman esos datos: “De esta forma se espera aumentar radicalmente la eficiencia del sistema, sin disminuir la protección jurídica ni el control requerido por los responsables de los datos”.

También enfatizó que “este proyecto de ley no busca interferir en la autonomía o independencia constitucional de los órganos que gozan de esta calidad, así como tampoco crear nuevos habilitantes legales para intercambiar datos ni crear nuevas obligaciones para entidades privadas”.